Así como un día trascendió el proyecto de ley en los medios de comunicación, ahora por los medios también nos anoticiamos que hoy se tratará el proyecto de ley que transfiere la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER a una universidad nacional a crearse. Esto ocurrirá a pocos días de que UPCN haya sido convocada por las autoridades de esa casa de estudios a una mesa de trabajo generada a propósito del proceso que se puso en marcha. “Queríamos señalar que desde que se conoció por un trascendido ese proyecto, nuestro gremio pidió información y precisiones. No somos contradictorios si hoy decimos que ese espacio al que se nos convocó es absolutamente insuficiente, y ahora, le sumamos la sorpresa por su tratamiento en comisión”, dijo la secretaria Adjunta, Carina Domínguez

“UPCN no discute ni fija posición sobre la decisión política de transferir una Facultad de la UADER a una nueva universidad nacional, sino que el gremio alerta sobre los riesgos que conlleva hacerlo de esta manera. Faltan definiciones, los actores principales en este proceso no aparecieron. Por la magnitud del proyecto, entendemos que debían participar los máximos responsables en contacto con la comunidad universitaria y las organizaciones involucradas”, explicó. 

La dirigente de UPCN alertó que la letra del proyecto de ley deja todo supeditado a acuerdos posteriores a la sanción de la iniciativa. “Hay que leer detenidamente el articulado para darse cuenta de esa situación. Por citar algunos, los artículos 3, 4, 8. Es un cheque en blanco, todo queda por definirse cuando ya el proyecto sea ley”, remarcó.

Desde que se empezó a hablar de este tema, UPCN no se expidió a favor, pero tampoco en contra. “Reclamamos y seguimos reclamando precisiones”, enfatizó.

Domínguez aclaró que “no resta importancia a la comunidad universitaria, obviamente a los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, y de todos los demás claustros, incluso a las autoridades, pero ¿por dónde van a pasar las decisiones?, ¿quién se va a sentar a definir los términos de esos acuerdos? Evidentemente, no se escucharon las voces de los actores principales: ¿qué dice el gobernador?, ¿el presidente del Consejo General de Educación?, ¿los legisladores nacionales? –oficialistas y de la oposición-, ¿el Rector? Tratándose de docentes, personal administrativo y de servicios del Estado provincial, ¿no había que convocar también al presidente de la Caja de Jubilaciones?, ¿al directorio del IOSPER?”, interrogó la secretaria Adjunta, “sin que esas menciones agoten el listado de actores que debieron haberse involucrado o por lo menos deberían haberse expedido sobre lo que piensan o lo que están haciendo?”, acotó.

“Por si alguien no ha leído el proyecto, por señalar un aspecto: el artículo 3° ‘  faculta al Poder Ejecutivo nacional para acordar, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación, con el gobierno de la Provincia de Entre Ríos, la transferencia a la nueva universidad …’. En UPCN queremos saber quién, qué área del gobierno va a intervenir o está interviniendo y si hay un borrador de los términos de ese acuerdo. Además, sostenemos que ese acuerdo debiera estar incorporado al proyecto. No vemos otro modo de ´garantizar´ en lo que a nosotros respecta, el futuro de todo el personal Administrativo y de Servicio que forma parte de esa Facultad con distintas situaciones de revista –designaciones, antigüedad, localizaciones”, argumentó.

“Otra observación: la lectura atenta de los fundamentos abona nuestras dudas. No hay una sola mención a la situación del personal. Entendemos que no era indispensable incluirlo, pero si se hubiera querido llevar cierta claridad a la ambigüedad, a la falta de certeza, a la indefinición que se desprende de los artículos, se podría haberlo tenido en cuenta y dedicarle un párrafo, no como una formalidad, sino para transparentar lo que están pensando. Pero, nada se dice al respecto”.

Finalmente, queremos señalar que “respetamos la organización de la Universidad y de cada Facultad a través de los claustros y de sus representantes en el gobierno de las instituciones universitarias, pero la defensa gremial de los trabajadores y trabajadoras es una cosa diferente y pasa por las organizaciones gremiales”.