El gobierno provincial aplicaría a partir de enero la ley que obliga a realizar el aporte previsional de todos los adicionales de los agentes por jubilarse. Esta medida exigirá un desembolso adicional del Estado y, además, un incremento en las retenciones a esos estatales, las cuales derivarán en rebajas salariales promedio de 600 pesos.La implementación de la ley 4.640 tiene dos derivaciones para la provincia: la obligación del pago de una deuda con la AFIP por obligaciones pendientes y la inmediata aplicación en los salarios por devengar.El pasivo con la AFIP por aportes adeudados desde la vigencia de la norma -que suman dos años y rondan los 80 millones- será cancelado en una moratoria a 120 meses, según el principio de acuerdo logrado entre la provincia y el organismo impositivo.En cambio, la implementación en los haberes por devengar se cumplirá a partir de enero próximo, según la decisión inicial de la cartera de Economía, que conduce de Alejandro Palmieri.Ese Ministerio prevé para entonces contar con los recursos presupuestarios, ya que esa ejecución significa unos 8,4 millones mensuales por aportes patronales y por contribuciones personales de los montos actualmente no remunerativos.Estas medidas comprenden -por ahora- a unos 8300 agentes públicos incluidos en la ley 4.640, es decir que están dentro de un período menor a los 10 años para jubilarse, comprendido en las edades de 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres.Contribuciones de trabajadoresEn realidad, aquella suma de 8,4 millones incluye a una mayor parte de las contribuciones personales de los empleados, que ronda unos 5 millones. Este monto saldrá de retenciones de los salarios y Economía estimó un promedio de unos 600 pesos. Ese incremento de las deducciones de los haberes brutos se traducirá en una rebaja salarial.La definición de Economía de su aplicación a partir de enero está asentada en cuestiones financieras y presupuestarias, a pesar de que el monto no parece tan significativo y, además, alcanzaría pocos meses antes del 2014.Hay un análisis superior de parte de fuentes gubernamentales que está referido a la determinación de cumplir finalmente con el programa de retiro de aquellos agentes en condiciones de jubilarse. Este proceso está demorado porque hay resistencia -por ejemplo, de UPCN- de aceptarlo mientras no se cumpla con la ley 4640. (fuenteAV)